La Cámara catalana ha aprobado su tramitación por el procedimiento de lectura única, una vía que permite acelerar el proceso legislativo, con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y CUP. Sin embargo, la aprobación definitiva de la norma no llegará antes del verano después de que PP y Junts hayan anunciado y formalizado la petición de un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), un trámite que suspende el procedimiento parlamentario hasta que este órgano emita su informe. 

 

La iniciativa pretende modificar la Ley de Urbanismo de Cataluña para permitir que los ayuntamientos puedan limitar determinadas compras de vivienda en los municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado. El objetivo es reducir la compra con fines especulativos y favorecer que las viviendas se destinen a residencia habitual o al alquiler permanente.

 

El texto prevé que los consistorios puedan incorporar estas limitaciones mediante su planeamiento urbanístico. En la práctica, las viviendas podrían destinarse únicamente a residencia habitual del comprador, de un familiar o al alquiler como vivienda habitual, respetando la normativa vigente en materia de contención de rentas cuando resulte aplicable. La proposición también contempla endurecer las sanciones para quienes intenten eludir estas restricciones mediante operaciones fraudulentas.

 

La norma se aplicaría únicamente en los municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado, una figura que ya existe en la legislación estatal y que Cataluña ha utilizado para aplicar la regulación de los alquileres.

 

¿Por qué se retrasa?

 

El Parlament tenía previsto tramitar la proposición mediante el procedimiento de lectura única, una vía que acelera la aprobación de determinadas iniciativas legislativas. Sin embargo, PP y Junts han solicitado un informe al Consell de Garanties Estatutàries para que analice si el texto respeta la Constitución y el Estatut de Cataluña.

 

Esta petición paraliza automáticamente la tramitación hasta que el órgano consultivo emita su dictamen, por lo que la votación prevista para este mes ya no podrá celebrarse y la iniciativa queda aplazada, previsiblemente, hasta octubre.

 

Junts considera que la propuesta puede vulnerar el derecho de propiedad, generar inseguridad jurídica e incluso entrar en conflicto con la normativa europea sobre libertad de empresa. Además, critica que una medida de este alcance se tramite mediante lectura única.

 

El PP comparte las dudas sobre el encaje constitucional de la iniciativa y ha respaldado la petición del dictamen. Ambas formaciones ya han avanzado que estudian recurrir la norma si finalmente sale adelante.

 

Por su parte, el Govern y los Comuns defienden que la medida permitirá combatir la especulación inmobiliaria y facilitar el acceso a la vivienda en las zonas donde la presión de la demanda ha disparado los precios.

 

¿Afectará a las operaciones que ya se hayan firmado?

 

No. La proposición de ley todavía no está aprobada y, por tanto, no produce efectos jurídicos. Además, aunque el Parlament acabara aprobándola en los próximos meses, las compraventas formalizadas con anterioridad seguirían rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su firma. El ordenamiento jurídico español establece con carácter general el principio de irretroactividad de las normas, salvo que una ley disponga expresamente lo contrario dentro de los límites fijados por la Constitución.

 

De este modo, la incertidumbre que ha generado el debate afecta a las futuras operaciones si la norma llega finalmente a entrar en vigor, pero no altera la validez de las compraventas que ya se hayan formalizado.

 

Para saber más, les dejamos el link del análisis del Observatori de Dret Públic : 

https://idpbarcelona.net/ca/sobre-la-proposicio-de-llei-per-limitar-la-compra-especulativa/

 

Y un breve video publicado por La Vanguardia :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jqgs5imULws

 

Fuente: Idealista News (artículo de Custodio Pareja) y elaboración propia

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