El pacto con la formación liderada por Jéssica Albiach se suscribió ayer mismo e incluye una batería de medidas restrictivas con la inversión inmobiliaria. Estas políticas dan continuidad a las que hasta ahora ha adoptado el Ejecutivo de Salvador Illa, sea por convencimiento o presionado por sus socios a la izquierda.

 

Una de las principales medidas del acuerdo entre Govern y Comuns ratifica la prohibición de la llamada compra especulativa de vivienda —definida como la adquisición de inmuebles no para residir en ellos, sino como inversión—. Esta propuesta saltó a la palestra hace unos meses a raíz de un informe de ámbito metropolitano e imita otras limitaciones adoptadas a nivel internacional, por ejemplo, en Ámsterdam (Holanda).

 

El asunto había quedado parado tras la elaboración de varios informes de viabilidad jurídica por parte del Govern. Ahora, con la negociación de los presupuestos, los Comuns han sonsacado al PSC un compromiso para aprobar en el primer semestre de 2026 (es decir, en solo un mes) una proposición de ley para que los ayuntamientos pongan coto a las compras especulativas. Esta reforma se materializará a través de modificaciones de la ley de urbanismo.

 

 

 

La literalidad del acuerdo no distingue entre adquirir inmuebles para reposicionarlos y destinarlos al alquiler, una opción que en principio quedaba salvaguardada del veto, o invertir bajo otras modalidades. Además, se prometen 300 millones de euros en tanteo y retracto para frenar "operaciones especulativas del mercado".

 

Prórroga del tope al alquilar

 

En paralelo, el documento avanza que se solicitará al Ministerio de Vivienda la prórroga "inmediata" del tope de precios al alquiler en las zonas de mercado residencial tensionado, siempre que sigan cumpliendo los requisitos requeridos. Conviene recordar que el 90% de la población catalana vive en municipios que aplican el control de rentas.

 

Los análisis sobre la efectividad de esta medida no se ponen de acuerdo acerca del impacto sobre los precios, pero coinciden en señalar que el stock en alquiler se ha recortado drásticamente en Catalunya. En parte, este fenómeno se debe a la venta de carteras por parte de fondos como Patrizia y Cerberus. Este hecho, a su vez, ha perjudicado a las rentas bajas, que compiten más duramente por acceder a menos inmuebles en el mercado.

 

El pacto PSC-Comuns también abarca la armonización legal de la definición de gran tenedor. Lo que se propone es que "solo haya una definición común de gran tenedor para todas las políticas de vivienda, y evitar que se utilicen filiales y otros mecanismos jurídicos para hacer fraude a las obligaciones de los grandes tenedores previstas en la ley".

 

Más inspecciones

 

Por otro lado, la formación de Albiach ha logrado que se endurezcan los mecanismos de control introducidos hace un año. Así, la unidad antidesahucios pasará de 50 a 150 efectivos en 2027. Respecto a los inspectores especializados en vivienda, de los cuales ya hay unos 60 desplegados, se llegará a los 100 pactados y el próximo año esta dotación se duplicará hasta los 200 efectivos. Este redoble de la inspección irá acompañado de la creación de un nuevo brazo sancionador adscrito al Departamento de Territorio: la Dirección General de Disciplina en Vivienda.

 

En la carpeta impositiva también hay novedades que pueden afectar a la inversión en el ladrillo. En concreto, se plantea revisar la fiscalidad patrimonial "para evitar mecanismos de evasión y elusión fiscal y garantizar la distribución de la riqueza". Cataluña mantiene el impuesto de Patrimonio sin bonificación autonómica, a diferencia de otras regiones.

 

Próximos pasos

 

Este viernes, el Govern aprobará el proyecto de presupuestos en un Consell Executiu extraordinario. Ayer, la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, calculó que la tramitación de las cuentas podría alargarse seis semanas. Esta estimación situaría la aprobación definitiva durante la primera quincena de julio, siempre y cuando no se eleve el proyecto de presupuestos ante el Consell de Garanties Estatutàries. En este caso, la tramitación se paralizaría a la espera del dictamen del órgano consultivo.

 

Si todo sale según lo previsto, antes del verano Illa logrará aprobar sus primeros presupuestos. Serán también las primeras cuentas actualizadas desde el año 2023. Está por ver si este hito logrará revalidar en la segunda mitad del curso con los presupuestos de 2027 y, más allá, con los de 2028. La proximidad de las elecciones municipales, que se celebrarán de aquí justo un año, obstaculizará la búsqueda de acuerdos entre el PSC y sus socios de investidura.

 

 

Desde el Far d'Alexandria, y para conocer en detalle les adjuntamos el texto íntegro y un resumen del contenido del proyecto de ley de presupuestos 2026 de Catalunya:

 

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chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/2026/pdf/VOL_P_EID.pdf

 

Fuente: El Economista (artículo de Aleix Mercadé) y elaboración propia

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