LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CONVALIDA EL RD-LEY 29/2026 DE VIVIENDA
El RDL 29/2026 que el Gobierno aprobó el pasado 6 de octubre y entró en vigor dos días después, que incluye un abanico de medidas amplio para intervenir en el mercado de la vivienda, sobre todo en el alquiler. Mientras que ha tumbado, esta vez por 34 'síes' frente a 35 'noes' -gracias al rechazo de los nacionalistas vascos-, el que convertía a los arrendamientos en indefinidos, con medidas que obligarían al propietario a pagar una indemnización al inquilino si decide romper el contrato de alquiler, y que aún no había entrado en vigor.
El debate se ha producido en un clima de tensión marcado por la situación política y social en España. El Gobierno, que disponía de 30 días para convalidar esta normativa, eligió la fecha para votarlos al límite de este plazo, justo un día después de la huelga general y en la víspera de la campaña electoral, que comenzará a la medianoche de este viernes.
El Gobierno aprobó en octubre por segunda vez los dos reales decretos-ley de vivienda después de que los tumbara el Congreso con el voto en contra del PP, Vox y Junts-, y había mantenido la esencia de los mismos, pero con algunas modificaciones. El objetivo, tras el adelanto electoral y la disolución de las Cortes, era llevarlos a la Diputación Permanente, cuya aritmética parlamentaria era más favorable a los intereses de Moncloa.
En esencia, el decreto aprobado incluye un paquete de medidas intervencionistas como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 o la regulación de una prórroga automática de los contratos de alquiler para todo el 2028.
También incluye el mecanismo llamado 'Tu Casa', que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y contempla préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda. Este estará dotado con 10.000 millones de euros.
Las medidas que se han aprobado
Función social de la vivienda
Moratoria antidesahucios hasta 2030
Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a determinados procedimientos de desahucio cuando la persona afectada sea vulnerable, no tenga alternativa habitacional y la Administración no le haya ofrecido una solución adecuada.
Compensación a propietarios por la paralización del desahucio
Los propietarios podrán recibir una compensación por la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. La suspensión durará hasta un máximo de tres años. El mecanismo de compensación no se aplicará a las entidades consideradas 'fondos buitre'.
Enervación extraordinària
Se establece la figura de la enervación. En desahucios por impago de un inquilino vulnerable, la Administración tiene dos meses para ofrecer alternativa de vivienda o pagar o consignar la deuda. Si no lo hace, se subroga en la deuda y el contrato sigue vigente. El Estado compensará a las comunidades autónomas por el coste.
Límites a la compra de viviendas por parte de los llamados 'fondos buitre'
Se limita hasta el 31 de diciembre de 2030 la adquisición de viviendas por determinadas entidades y grandes tenedores cuando pretendan comprarlas por debajo del 70% de su valor de tasación. La norma contempla varias excepciones vinculadas a vivienda asequible, atención sociosanitaria y colectivos vulnerables.
Prórroga de alquilares
Los inquilinos podrán solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual, cuya prórroga obligatoria o tácita termine antes del 31 de diciembre de 2028, manteniendo las condiciones del contrato.
Desistimiento sin indemnización
Los inquilinos podrán abandonar el contrato, una vez transcurridos al menos seis meses y con 30 días de preaviso, sin tener que pagar una indemnización al propietario.
Límite a la actualización anual de las rentas
Hasta el 31 de diciembre de 2027 se limita la actualización de los alquileres. Cuando la renta supere el límite máximo del índice de referencia, no podrá actualizarse y, en el resto de casos, la subida podrá alcanzar hasta el 2%.
Regulación de los alquileres de temporada
Los contratos deberán acreditar una causa real que justifique su temporalidad. Tendrán una duración superior a 31 días y, con carácter general, no podrán superar los 12 meses. Sin justificación pasarán a ser contratos de vivienda habitual.
Límite al alquiler por habitaciones
La suma de las rentas de las habitaciones no podrá superar el precio que correspondería por alquilar la vivienda completa. En las zonas tensionadas también deberán respetarse los límites previstos en la Ley de Vivienda.
Ayudas directas e impuestos
Incentivos fiscales a los propietarios
Se establecen reducciones en el IRPF de hasta el 100% para determinados propietarios que reduzcan el precio del alquiler y cumplan los requisitos previstos en la norma.
Deducción para inquilinos
Se crea una deducción del 10% en el IRPF para determinados arrendatarios con una base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales, con distintos límites en función de sus ingresos.
Recargo en el IBI de viviendas vacías
Los ayuntamientos de municipios situados en zonas de mercado residencial tensionado podrán establecer recargos sobre estos inmuebles. El recargo podrá alcanzar el 50%, el 100% cuando el titular tenga dos o más inmuebles residenciales destinados a uso turístico y el 150% cuando tenga cuatro o más.
Recargo en el IBI a viviendas turísticas
Los ayuntamientos de municipios situados en zonas de mercado residencial tensionado podrán establecer recargos en el IBI de los inmuebles destinados a uso turístico, de hasta el 150% en determinados casos.
IVA del 10% al negocio de los pisos de alquiler turístico
Hasta ahora, los alquileres turísticos (alquileres de hasta 30 noches) estaban exentos de pagar el IVA.
Ayudas a la compra de la primera vivienda
El nuevo mecanismo ‘TU CASA’ para aquellas personas solventes, pero que no han podido ahorrar lo suficiente para poder hacer frente a los gastos iniciales en la compra de una vivienda.
Se aplicará una financiación a un tipo de interés al 0% con apoyo del Estado para poder acceder a la primera vivienda que cubrirá hasta el 20% del valor de la vivienda, con un máximo de 50.000 euros, con plazo de devolución de 10 años. La gestión se realizará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Fiscalidad de las socimis
Se reordena la fiscalidad de las socimis para que reorienten su inversión hacia la vivienda asequible, no al uso de la inversión en el ámbito de la especulación.
Parque público de vivienda assequible
Se consolida el modelo de Casa 47 y se establece que el patrimonio de la Entidad Estatal de Vivienda se destinará de forma permanente a vivienda asequible y protegida.
Se incluye una definición legal de vivienda asequible, que será aquella cuyo precio de venta o alquiler que no supere el 30% de la renta mediana de la unidad de convivencia del municipio, sin incluir los anejos en el precio.
También se incluyen avales y financiación para aumentar el parque de alquiler social y asequible. Además, el presidente Sánchez ha adelantado que Casa 47 va a adquirir miles de inmuebles procedentes de al Seguridad Social para dedicarlos a alquiler asequible.
Además, se reforma la Ley de Hipoteca Mobiliaria para facilitar la financiación de viviendas industrializadas y se crea una línea de avales para pymes fabricantes y promotoras.
Rebaja del IVA a la vivienda pública
El decreto rebaja, además. la fiscalidad de la vivienda de promoción pública y protegida al tipo superreducido del IVA del 4%. Esta medida utiliza el incentivo fiscal con el objetivo de estimular la construcción de inmuebles residenciales asequibles e incrementar progresivamente la oferta pública disponible.
Las medidas que se han rechazado
Aunque el Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual se ha publicado el 7 de octubre, el propio texto incluía que entrará en vigor el 15 de noviembre de 2026. Algo que, tras el rechazo de la Cámara baja, ya no sucederá.
Renovación automática de los alquilares
Una vez finalizado el periodo inicial del contrato, el alquiler se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos de cinco años, o siete años cuando el propietario sea una persona jurídica, salvo que exista una causa justificada para no renovarlo.
Recuperación de la vivienda
El propietario podrá recuperar el inmueble en determinados supuestos, entre ellos cuando exista una necesidad acreditada de utilizarlo como vivienda habitual para sí mismo o determinados familiares. El arrendador debe avisar al menos con seis meses de antelación a la fecha de vencimiento del contrato de su voluntad de no prorrogarlo, mientras el arrendatario tiene al menos dos meses de antelación.
Indemnización al inquilino
Si el propietario quiere poner fin al contrato sin una causa justificada, deberá indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente al mayor de los siguientes importes:
12 mensualidades calculadas conforme al valor superior del rango individualizado que corresponda a la vivienda arrendada en el sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda;
o una mensualidad calculada conforme al mismo valor por cada año que el arrendatario haya residido en la vivienda, prorrateándose por meses los períodos inferiores al año y por días los inferiores al mes.
Cuando no pueda obtenerse un valor individualizado de la vivienda en el sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda, los importes previstos en el párrafo anterior se calcularán tomando como referencia la renta mensual vigente del contrato en la fecha de la comunicación de no prórroga.
Texto del Real Decreto Ley 26/2026 :
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2026-20823
Para saber más:
Fuente Idealista News y elaboración propia